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Una abogada junto a sus dos hijos interpuso un amparo por el basurero departamental

   La abogada Soledad Rallé presentó, esta semana, un recurso de amparo ante la justicia por el emprendimiento del intendente Julio Jalit de instalar en Pichanal un basurero departamental al lado de un matarife de ganado menor, un vertedero y, lo peor de todos, junto a una comunidad aborigen de la etnia wichi.
  La novedad del recurso de amparo es que a la firma de la abogada la acompañan la firma de sus dos hijos menores y esto porque "son los niños los que se van a afectar con problemas respiratorios y otras enfermedades" dice la madre que además remarca que el proyecto señala que el emprendimiento está alejado de la ciudad cuando no es verdad porque "está a tan solo cinco cuadros del ejido urbano". Lo que tampoco señala el comunicado del Boletín Oficial donde anuncian la creación de dicho vertedero es si, antes de hacerlo, se hizo el estudio de impacto ambiental "porque el daño que va a producir será grave", explicando que personalmente cree que si se puede realizar el proyecto pero que debe contemplarse su ubicación en otro lugar, mucho más alejada de la comunidad.
   También subraya como grave que el proyecto contemple que a la par de un matarife, de un vertedero y de un gran acopio de basura, se instale un grupo de vecinos de la comunidad wichí y que esto es violatorio de la Constitución Nacional, la ley suprema, que expresa "que toda persona tiene que desarrollarse en un ambiente sano" dice la abogada.
   El artículo 41 de la Constitución Nacional expresa que "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.  Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos".

En el siguiente audio podrán escuchar las declaraciones de abogada Soledad Rallé durante la emisión del programa Central de Noticias:




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